El artículo 2 de la Constitución Española de 1978 recoge el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado.

En julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, firmaron los primeros Pactos Autonómicos (actualizados en 1992), que conformaron el mapa autonómico. Por estos pactos España está constituida por diecisiete comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La Constitución establecía dos vías para acceder a la autonomía: las llamadas nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), seguirían una vía rápida y con mayores competencias (aplicación del artículo 151), los primeros estatutos se aprobaron en 1979. Andalucía también consiguió el título de nacionalidad histórica, gracias a la solicitud de la mayoría de sus ayuntamientos y la posterior ratificación en referendum.

El resto de regiones se regiría por el artículo 143, excepto Navarra (que se constituía en Comunidad Foral). En este caso, el acceso a la autonomía y la transferencia de competencias fue más lenta. La primera comunidad autónoma que se constituyó de este grupo fue Aragón en 1982, por plebiscito popular. Los dos últimos Estatutos de Autonomía han sido los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1995).

De forma paulatina, durante los últimos veinte años, el Estado ha transferido competencias a las Comunidades Autónomas: cultura, agricultura, sanidad, educación o justicia. En las materias transferidas, cada comunidad puede legislar de una forma diferente, aunque existe, en ocasiones un marco común; por ejemplo, el Estado elabora la ley orgánica educativa y en ella fija qué contenidos pueden especificar las Comunidades.