Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.
Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
La entrada en el domicilio de un español, o extranjero residente en España, y el registro de sus papeles o efectos, sólo podrán decretarse por el Juez competente.
En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la Autoridad gubernativa la correspondencia.
Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal.
Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales.
Tampoco podrá ser privado ningún español:
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito.
Del derecho de reunirse pacíficamente.
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.
Y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las Autoridades.
La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido.
A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente del territorio.
Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad.
La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes.
La forma de gobierno de la Nación Española es la Monarquía.
La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
El Poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros.
Los Tribunales ejercen el poder judicial.